Enagás busca analizar durante dos meses si producir, transportar y vender hidrógeno verde —a partir de energía renovable— es un negocio sólido. La compañía solicitará en una consulta no vinculante dirigida a productores, comercializadores y consumidores de hidrógeno, proyectos concretos para comprobar si encajan en la red de 3.800 kilómetros de transporte que presentó en enero. Algo así como certificar que la piscina tiene agua antes de la zambullida y que hay encaje entre una oferta que está en mantillas y una demanda desconocida. La compañía, con la gestora BlackRock, Pontegadea (Amancio Ortega) y el Estado (a través de la SEPI ) como grandes accionistas, se juega un sueño: mantener el tipo en un mercado donde su fuente de beneficios —el gas natural— pierde fuelle por su carácter contaminante y asegurar su papel de vigilante del sistema (TSO, Transmission System Operator) con cuatro interconexiones en la península Ibérica y Europa orientadas a convertir a España en el gran centro (hub) del hidrógeno verde en el continente.
El objetivo es desplegar 3.800 kilómetros en tubos en dos ramales. Uno, valorado en 1.650 millones, corresponde al eje de Cantabria, Ebro y Levante; el otro ramal, de 2.275 millones, conectará por la Ruta de la Plata los polos andaluces del hidrógeno con Puertollano y Galicia. Hay otros 580 millones para un almacenamiento en el Cantábrico y 590 millones para otro en el País Vasco. Importe total del sueño: 5.100 millones. Todo vinculado y bajo el paraguas del Proyecto Estratégico para la Recuperación Económica y Transformación (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Verde y Almacenamiento (ERHA), aprobado por el Gobierno en 2021; un plan para asignar más de 6.900 millones de euros en fondos públicos a proyectos innovadores de energía verde y para movilizar cerca de 9.500 millones del sector privado.
